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  • El regtech destaca en el Plan de Actividades 2018 de la CNMV

    Regtech en el Plan de Actividades 2018 de la CNMV

    El 14 de febrero la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores) ha publicado su nuevo Plan de Actividades para 2018. Este año comienza marcado por la entrada en vigor de numerosa regulación dentro del sector bancario, con la Directiva MIFID II, el Reglamento MIFIR y el de PRIIPs.

  • Inversión Responsable como criterio de gestión

    Inversión Responsable como criterio de gestión

    En los últimos años, los inversores han puesto el foco no sólo en la rentabilidad alcanzada por sus inversiones, sino también en “el cómo” se obtienen los rendimientos.

    La normativa más reciente está empezando a recoger esta tendencia, como lo prueba la Ley 11/2018 de fecha 29 de diciembre de 2018 en materia de información no financiera y diversidad* que incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y en la que se recoge, según su Preámbulo, la intención de ampliar el ámbito de la información pública de las empresas, que hasta ahora era únicamente financiera, “con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general”.

    Con tal objetivo, se pretende incrementar el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo, aparecen nuevas políticas y estados de información no financiera que harán referencia al impacto de la actividad empresarial respecto a cuestiones medioambientales y sociales, como las relativas al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, la igualdad de género o cuestiones de no discriminación e inclusión de personas con discapacidad. Estos estados de información no financiera no deberán ser una mera declaración de intenciones, sino que habrán de añadir toda una metodología para la implantación de tales políticas y sus controles asociados, incluyéndose incluso indicadores de riesgo.

    En esta misma línea, merece la pena remitirse a los Principios de Inversión Responsable (PRI) o ESG (Environmental, Social and Governance)**establecidos por la Organización Naciones Unidas, que tratan de fijar criterios para la creación de inversiones socialmente responsables, con el fin de beneficiar a todos aquellos relacionados con la organización y también al entorno social y medioambiental en el que se desarrolla la organización a corto, medio y largo plazo. Así, estos principios, que ya datan del año 2016, pretenden alinear los objetivos de inversión con cuestiones como la responsabilidad medioambiental, social o de gobierno corporativo.

    A nivel europeo en marzo de 2018 la Comisión Europea hizo público su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles***, basadas principalmente en crear una serie de criterios uniformes de sostenibilidad, teniendo en cuenta para ello factores relacionados con la gobernanza, la adecuada gestión de riesgos y la creación de métricas y objetivos.

    Asimismo, se encuentra en marcha una propuesta europea de Reglamento sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y una nueva iniciativa de modificación de la regulación financiera MiFID II, cuyo objeto será aportar información relacionada con factores ESG tanto en la información precontractual (por ejemplo, en los llamados test de idoneidad producto-cliente) y postcontractual que se facilite al inversor.

    *https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989

    **https://www.unpri.org/download?ac=1538

    *** http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.pdf

  • La CE plantea sanciones por los retrasos en la transposición de MIFID II

    TRANSPOSICIÓN MIFID II

    Tras la reciente crisis en el mercado financiero, desde la Unión Europea los organismos supervisores se plantearon tomar medidas a través del inicio de una nueva fase regulatoria. De esta manera, se pretendió, entre otras cuestiones, acabar con los conflictos de interés y dar una mayor protección a los inversores, estableciendo una serie de parámetros que garantizaran la adecuación entre el cliente y el producto adquirido o limitaran el uso de comisiones en la prestación de ciertos tipos de asesoramiento financiero. Todo ello, con el objetivo de que el asesoramiento financiero gozará de una mayor independencia.

    No obstante, pese a que ya ha transcurrido el año de prórroga para la trasposición de la Directiva 2014/65/UE, más comúnmente conocida como MIFID II, 19 de los países europeos aún no han procedido a su transposición total dentro del ámbito de su regulación. Concretamente, España ya aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes que, sin embargo, tan solo ha supuesto una transposición parcial de la citada regulación europea.

    A pesar de que desde Europa se ha dado una última oportunidad a los países miembros que aún tienen pendiente el desarrollo amplio y concreto de MIFID II, dentro de la normativa nacional, las consecuencias de la no trasposición de esta Directiva pueden ser graves para el país, pues el incumplimiento de un desarrollo regulatorio puede llegar a ocasionar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo, con las consecuencias sancionatorias que ello conlleva.

    A finales de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, ofreciendo dos meses más de margen para la transposición de la nueva ley. No obstante, al finalizar el plazo y no cumplir que la citada regulación haya visto la luz, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

  • La Nueva Normativa de Protección en el Uso de los Canales de Denuncias

    Normativa de Denuncias

    Los canales de denuncia o canales de “whistleblowing” (“hacer sonar el silbato”) suponen una vía para comunicar infracciones cada vez más extendida en las personas jurídicas, de la que cualquier miembro de la organización puede hacer uso. Como es lógico, conseguir este tipo de denuncias no siempre será fácil, por cierto temor a posibles represalias. Según datos publicados en la web de la Comisión Europea, provenientes de la Encuesta Global de Ética Empresarial 2016, un 36% de los “whistleblowers” sufrieron algún tipo de represalia.

    Recurrir al canal de denuncias para tales supuestos siempre requerirá adicionalmente una elevada cultura de cumplimiento ya instaurada dentro de la organización.

    La propia Comisión Europea, ante la disparidad normativa de los Estados miembros en la regulación de la protección de este tipo de denunciantes, ha propuesto la creación de una nueva norma unificadora de criterios.

    Dentro de la misma, se incluye la confidencialidad de la denuncia, la accesibilidad a los canales para su comunicación y la penalización de cualquier represalia contra los denunciantes como pueda ser el acoso laboral o el despido. Esta nueva normativa establece incluso la obligación de  que  todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros desarrollen e implanten un procedimiento interno de gestión de denuncias, que garanticen la confidencialidad del denunciante y fijen tres niveles de información (interna, a las autoridades o de medios).

    En caso de represalia, la carga de la prueba se revierte de manera que se presupondrá que ha habido represalia contra el denunciante, salvo que se demuestre lo contrario por la parte contraria a éste.

    Puede acceder a más información en el presente enlace de la Comisión Europea

    Los propios organismos supervisores nacionales, también han señalado en alguna ocasión la importancia de estas vías de comunicación. Ejemplo de ello es la nota de prensa publicada a principios de este año por la CNMV, donde se anunciaba la apertura de su propio canal de denuncias, para poder denunciar posibles infracciones de normativas como el Reglamento de Abuso de Mercado 596/2014 (y su desarrollo) y MiFID II. Puede visitar este canal de denuncias en el siguiente enlace

  • MIFIDII: Aprobación de la transposición por Real Decreto

    MIFIDII

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de Setiembre el Real Decreto-Ley 14/2018 que, junto al Real Decreto-Ley 21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes, completa la transposición de la normativa europea MiFID II, en este caso mediante la modificación de la Ley del Mercado de Valores.

    No obstante, esta ley largamente esperada por el sector financiero, y con un profundo impacto en el mercado, despeja pocas dudas respecto a las incógnitas que presenta la directiva por lo que, habrá que seguir esperando a los desarrollos reglamentarios  y/o guías de la CNMV.

     Concretamente, nos parece relevante destacar las condiciones que se establecen para la percepción de incentivos (Artículo 220 quinquies):

    “ En ningún caso se considerará que las empresas de servicios y actividades de inversión cumplen con las obligaciones establecidas… si abonan o cobran honorarios o comisiones.. en relación con la prestación de un servicio de inversión… a un tercero…a menos que el pago o el beneficio: a) Haya sido concebido para mejorar la calidad del servicio pertinente prestado al cliente; y b) no perjudique el cumplimiento de la obligación de la empresa de servicios y actividades de inversión de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes.

    (…)

    El Gobierno o, con su habilitación expresa, la CNMV, desarrollarán lo dispuesto en este artículo. En particular, podrán establecer una lista cerrada de supuestos en los que se considerará que concurren los requisitos señalados...”

    Es decir que con toda probabilidad, será la CNMV la encargada de determinar los modelos de distribución de productos financieros que van a existir en nuestro país en los próximos años, lo que supone asumir la responsabilidad de tratar de evitar que se vuelvan a producir las malas prácticas de venta que hemos visto en los peores momentos de la crisis financiera.

  • Normas de conducta y el nuevo Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario

    Ley de Crédito Inmobiliario

    En RegTech Solutions creemos que es importante analizar el espíritu del regulador en materias tan relevantes como es la protección de los consumidores y, en este sentido, presentamos a continuación el paralelismo del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario con MiFID II y su normativa de transposición:

    1º. El establecimiento de requisitos de conocimientos y competencia: el personal al servicio del prestatario que comercialice el crédito inmobiliario, al igual que sucede con el de las empresas de servicios de inversión, deberá contar con los conocimientos y competencias necesarios y actualizados sobre los productos que comercialice.

    2º. En relación con las ventas combinadas, existe el deber de informar de las diferencias entre la oferta combinada y la oferta de los productos por separado.

    3º. La relación entre las remuneraciones e incentivos del personal y la obligación de crear políticas para el tratamiento de los conflictos de interés. Así, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario hace referencia a incorporar medidas escritas y procedimientos para evitar los conflictos de interés, en particular estableciendo que la remuneración no dependa de la cantidad o de la proporción de solicitudes aceptadas”

    4º. En materia de transparencia contractual, se establece la obligación de actuar en el mejor interés del cliente o en el caso del Proyecto de Ley comentado, del prestamista. De esta manera, al igual que sucede en la normativa MIFID II y su desarrollo, que imponen la obligación de informar sobre la existencia de asesoramiento independiente o no, el prestamista “debe informar previa y expresamente al prestatario y por escrito, en sentido positivo o negativo, si se están prestando o pueden prestarse al prestatario servicios de asesoramiento con respecto a una determinada operación.”

    5º. La adecuación entre el cliente y el productoen la comercialización también se aborda en la regulación del crédito inmobiliario como sucede con MiFID II. En particular, el Proyecto de Ley establece la obligación de recabar información acerca de la situación personal y financiera del prestatario, necesidades y circunstancias, preferencias y objetivos, de modo que puedan recomendar contratos de préstamo adecuados.

    Finalmente, cabe destacar,un requerimiento específico de esta normativa, que para solucionar la problemática de las “cláusulas suelo” incluye como novedad que en las operaciones con tipo de interés variable no se pueda fijar un límite a la baja del tipo de interés así como que éste no pueda ser negativo.

    Puede acceder al Proyecto de Ley pinchando en el siguiente enlace:

    Descargar PDF

  • Primeras medidas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la implantación de MiFID II

    Primeras medidas CNMV MiFID II Regtech

    Tras la reciente publicación de los últimos Reales Decretos 1464/20181, 21/20172 y 14/20183, que han supuesto la transposición a nuestro ordenamiento nacional de la Directiva europea 2014/654, más conocida como MiFID II y su normativa de desarrollo, ya se han empezado a apreciar los primeros impactos de su aplicación en el sistema financiero, en concreto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien ya ha iniciado incluso algunos procedimientos sancionadores.

    En un reciente comunicado5 el organismo supervisor ha puesto de manifiesto la necesidad de que las entidades tomen medidas en lo relativo a la fiabilidad de la información obtenida de los clientes, para la práctica de los llamados test de idoneidad, que garantizan si los productos potencialmente adquiridos por dichos consumidores se adecuan o no a sus verdaderas necesidades y conocimientos.

     En particular, la CNMV ha manifestado el hecho de que en muchos casos se ha sobrevalorado la formación financiera del consumidor minorista, lo que deriva en ventas o recomendaciones de productos inadecuados. Para evitar estas situaciones, la entidad supervisora ha recomendado:

    - Valorar si resultan conjuntamente coherentes y razonables los datos globales del cliente con su grado de formación académica, características sociológicas, experiencia profesional o académica o experiencia inversora en productos similares.
     
    - La implantación de procedimientos adecuados para la obtención de la información, durante la contratación (como alertas automáticas en los aplicativos informáticos que detecten situaciones anómalas), con carácter de revisión periódica, o de subsanación de incidencias cuando se detecte un elevado número de incoherencias, discrepancias o situaciones atípicas.
     

     El origen de estas cautelas viene derivado de la inexistencia de una plantilla común para las preguntas a realizar al cliente, lo que puede dar lugar a una elevada arbitrariedad por parte de las entidades a la hora de adquirir la información que se establece en esta materia.

     

    [1] https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/12/21/1464/dof/spa/pdf
    [2] https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15837.pdf
    [3] https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
    [4] https://www.boe.es/doue/2014/173/L00349-00496.pdf
    [5] https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B21225a09-bb11-49c7-aa0d-e4d7a3ec8238%7D

  • Q&As de MiFID sobre protección al inversor

    El pasado 28 de marzo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) procedió a la actualización de su documento de preguntas y respuestas (Q&As) sobre la aplicación de MiFID II en el ámbito de protección al inversor e intermediarios*.

    Con esta actualización se añade una nueva pregunta acerca de los requerimientos de reporte transaccional para los operadores del mercado y proveedores de liquidez. Deberá publicarse información en relación a la calidad de las ejecuciones siendo tal obligación aplicable tanto a las operaciones over the counter (OTC) como a aquellas operaciones sujetas a la exención de las obligaciones de pre- transparencia.

    Se añaden novedades en materia de cómo han de distinguir las entidades entre “pasos razonables”( requeridos en MiFID I) y “pasos suficientes” (requeridos en MiFID II) a la hora realizar una mejor ejecución de las operaciones financieras. El requerimiento de “pasos suficientes” es aún más exigente, a la hora de exigir los mejores resultados para el cliente. Ello implicará un mayor grado de monitorización en las transacciones.

    Se incluyen igualmente nuevos requerimientos a introducir en el informe de idoneidad del que se hará entrega a los clientes, debiéndose indicar el grado de ajuste entre las características del potencial cliente (situación financiera del cliente, su grado de tolerancia al riesgo, su experiencia o sus objetivos de inversión) y el producto financiero a adquirir. El resultado de este informe deberá ser lo más exacto posible, debiéndose evitar frases genéricas (ej: “el producto es adecuado porque coincide con su nivel de tolerancia al riesgo") para sustituirlas por otras en las que se especifique el grado de riesgo y el grado de tolerancia por niveles numéricos.

    El documento aclara igualmente la forma en la que debe facilitarse la información ex ante para el cliente en relación a los costes y gastos de la operación a realizar, debiendo ser dicha información concreta y no genérica para el producto de que se trate. Tal información podrá darse una sola vez o de forma periódica, y deberá ser suficientemente clara, comprensible, y encontrarse actualizada. Asimismo, deberá emplearse la nomenclatura acorde con la normativa aplicable.

    En los servicios de gestión de carteras, la información ex ante deberá incluir referencias a cualquier servicio o producto auxiliar y una relación de los instrumentos financieros en los que podrá invertirse, así como información ex ante sobre el valor de los activos bajo gestión y sobre la cartera prevista para el cliente de manera personalizada según sus características. También deberá informarse sobre los costes tributarios, siendo obligatoria la información ex ante sobre los costes tributarios de la transacción y potestativa la información ex ante sobre los costes tributarios asociados a los ingresos obtenidos por el producto.