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Inversión Responsable como criterio de gestión

Inversión Responsable como criterio de gestión

En los últimos años, los inversores han puesto el foco no sólo en la rentabilidad alcanzada por sus inversiones, sino también en “el cómo” se obtienen los rendimientos.

La normativa más reciente está empezando a recoger esta tendencia, como lo prueba la Ley 11/2018 de fecha 29 de diciembre de 2018 en materia de información no financiera y diversidad* que incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y en la que se recoge, según su Preámbulo, la intención de ampliar el ámbito de la información pública de las empresas, que hasta ahora era únicamente financiera, “con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general”.

Con tal objetivo, se pretende incrementar el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo, aparecen nuevas políticas y estados de información no financiera que harán referencia al impacto de la actividad empresarial respecto a cuestiones medioambientales y sociales, como las relativas al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, la igualdad de género o cuestiones de no discriminación e inclusión de personas con discapacidad. Estos estados de información no financiera no deberán ser una mera declaración de intenciones, sino que habrán de añadir toda una metodología para la implantación de tales políticas y sus controles asociados, incluyéndose incluso indicadores de riesgo.

En esta misma línea, merece la pena remitirse a los Principios de Inversión Responsable (PRI) o ESG (Environmental, Social and Governance)**establecidos por la Organización Naciones Unidas, que tratan de fijar criterios para la creación de inversiones socialmente responsables, con el fin de beneficiar a todos aquellos relacionados con la organización y también al entorno social y medioambiental en el que se desarrolla la organización a corto, medio y largo plazo. Así, estos principios, que ya datan del año 2016, pretenden alinear los objetivos de inversión con cuestiones como la responsabilidad medioambiental, social o de gobierno corporativo.

A nivel europeo en marzo de 2018 la Comisión Europea hizo público su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles***, basadas principalmente en crear una serie de criterios uniformes de sostenibilidad, teniendo en cuenta para ello factores relacionados con la gobernanza, la adecuada gestión de riesgos y la creación de métricas y objetivos.

Asimismo, se encuentra en marcha una propuesta europea de Reglamento sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y una nueva iniciativa de modificación de la regulación financiera MiFID II, cuyo objeto será aportar información relacionada con factores ESG tanto en la información precontractual (por ejemplo, en los llamados test de idoneidad producto-cliente) y postcontractual que se facilite al inversor.

*https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989

**https://www.unpri.org/download?ac=1538

*** http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.pdf