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La Última Reforma del Código Penal Incrementa el Nivel de Responsabilidad de las Personas Jurídicas

La introducción en nuestro Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 y en mayor grado la inclusión, como eximente de dicha responsabilidad,  de modelos de prevención penal eficaces en las organizaciones, fue en nuestro país uno de los grandes potenciadores del desarrollo del cumplimiento normativo. El derecho penal ha seguido avanzando en este sentido, agravando aún más esta responsabilidad con su última reforma, a través de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero*.

Dentro de los delitos relacionados con abuso de mercado, alteración y manipulación de precios y uso de información privilegiada, se añaden nuevas agravantes, siendo especialmente destacable la consistente en que quien cometa el tipo delictivo sea una entidad financiera. La reforma también introduce nuevas formas de comisión de delitos relacionadas con la tecnología y la creación de un nuevo tipo penal consistente en la revelación ilícita de información privilegiada.

En materia de corrupción en los negocios, se incluye como tipo delictivo el hecho de ofrecer o prometer beneficios no justificados.

En relación a los delitos de defraudación fiscal y de subvenciones, los mínimos para la comisión del hecho delictivo cambian. Para los delitos de cohecho,  la redacción adopta una visión europea e internacional sobre el concepto de funcionario público. Es importante destacar que con esta reforma, las personas jurídicas también podrán ser penalizados como cooperadoras de los delitos de malversación.

Los delitos de falsificación de moneda también se han visto afectados, al darse una tipificación de las infracciones más alta cubriendo la falsificación incluso antes de que la moneda se haya puesto en circulación.

En el ámbito del tráfico de órganos se incluyen nuevas agravantes y se establece su penalización de manera conjunta con otro tipo de delitos como el de trata de seres humanos.

Finalmente, en materia de terrorismo es importante destacar que con esta reforma, las personas jurídicas pasarán a poder ser sujetos activos de todo tipo de delitos de terrorismo.

En definitiva, se trata de una reforma que supone un aumento significativo de los agravantes y, por tanto, de las penalizaciones para las personas jurídicas y sus administradores.

 

*https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf