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Relación del Sector Asegurador con el Compliance

Relación del sector asegurador con el compliance

El pasado 11 de febrero tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid, la conferencia impartida por Vicente Magro Servet, miembro de la Sala Penal del Tribunal Supremo, bajo el título “El Abogado ante el ejercicio del Compliance Officer. Perspectivas de presente y futuro”.

Entre otros temas, se abordó la importancia que no solo a nivel sancionador, sino sobre todo a nivel reputacional tiene el cumplimiento normativo, el papel de los despachos de abogados en dar publicidad a esta nueva función o la relación del Compliance con el sector asegurador.

En este último punto, el Magistrado defendió su postura de que al contratar cualquier póliza de seguro de responsabilidad civil sea exigible por la aseguradora que la empresa cliente posea un plan de cumplimiento normativo, o bien que en el caso de no tener dicho plan e incrementarse los riesgos, se eleven los costes de las primas en las pólizas.

También se hizo referencia a la importancia del Compliance no sólo para evitar la comisión de delitos de los que pudiera ser penalmente responsable, si no también para evitar otros actos ilícitos que puedan perjudicarla como víctima y no tanto como acusada (Sentencia  316/2018 de 28 de junio), por ejemplo, para supuestos de apropiación indebida o administración desleal.

Otro tema clave analizado en la ponencia consistió en la posibilidad de que los planes de cumplimiento normativo se encuentren sujetos a una valoración pericial por parte un experto, calificando dicho tipo de pericial no como algo jurídico sino científico.

La responsabilidad civil subsidiaria no obstante, del artículo 120.4 del Código Penal, se mantendría, aun cuando se hubiera implantando adecuadamente un plan de cumplimiento normativo.

El procedimiento sería similar a aquél en el que cualquier perito se inscribe en el correspondiente Registro del Ministerio de Justicia. Su aportación consistiría en valorar si el plan de cumplimiento normativo cumple con las exigencias del artículo 31 bis. 2 del Código Penal cuando se afirma que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1º el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Es decir que abarcaría no solo la idoneidad del programa de cumplimiento oi su existencia, sino también su adecuada implantación.

A estos efectos, el Magistrado puso de manifiesto la necesidad de que se apruebe un Real Decreto-Ley que otorgue una titulación oficial de Compliance Officer, tal y como se ha hecho a lo largo de la historia con otras profesiones.

Por último, se habló de la importancia que tiene el establecimiento de un canal de denuncias para la transparencia de la empresa, si bien el riesgo de que no sea no sea anónimo consiste en que pueda dar lugar a posibles venganzas.