Ley de Protección al Informante: todo lo que necesitas saber
La trasposición de la llamada Directiva whistleblowing en la Ley de Protección al informante, ha generado importantes cambios en el compliance de las empresas. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva ley y cómo afecta a tu empresa, así como las herramientas a tu alcance para asegurar su cumplimiento.
Claves de la Ley en España
La ley de protección del informante surge de los esfuerzos de las instituciones europeas para luchar contra la corrupción en el ámbito público, en la empresa privada y en la sociedad en general. No hay duda de que es crucial detectar lo antes posible los riesgos de infracciones de la normativa en las empresas, y para ello los informadores internos son la clave. Pero los canales usados tradicionalmente, como los emails o las líneas de denuncia telefónica son inseguros y no garantizan el cumplimiento de los requisitos de la mencionada ley, en concreto, el anonimato o la trazabilidad de las denuncias.
En este contexto, nace esta ley que obliga a las compañías a implementar canales de denuncias seguros que amparen a los informadores, garantizando una protección frente a posibles represalias.
Esta ley afecta a tanto a entidades del ámbito público como del privado, aunque los tiempos para implementar el canal de denuncias varían según el tamaño de cada organización:
- Entidades privadas que tengan entre 50 y 249 empleados y Administraciones Locales con menos de 10.000 habitantes: antes del 1 de diciembre de 2023
- Empresas con más de 250 empleados y el resto de Administraciones Públicas: mayo de 2023
Objetivos de la ley de protección del informante
Esta nueva ley opera en varios niveles, y sus principales objetivos son:
- Proteger a las personas que reportan irregularidades, corrupción o actividades ilegales en el lugar de trabajo o en el gobierno.
- Fomentar la transparencia y la responsabilidad en todas las áreas, y garantizar que aquellos que denuncian actos ilícitos no sean perseguidos ni sancionados por hacerlo.
- Evitar las infracciones desde fases tempranas en las empresas del ámbito público y privado y luchar contra la corrupción
- Involucrar a toda la ciudadanía ofreciendo canales de denuncia eficaces, confidenciales y seguros, que puedan garantizar la seguridad del informante frente a posibles represalias.
¿De qué se puede informar?
La Directiva Whistleblowing y su trasposición en la ley de protección al informante recoge una serie de supuestos que son obligatorios y que deben aparecer en el canal de denuncia. Se trata de un listado de conductas, considerados vulneraciones de interés general, que están amparados por la ley lo que garantiza que no se pueden tomar represalias contra quien denuncie alguno de ellos. Según recoge el BOE, son los relacionados con:
- Contratación pública
- Servicios, productos y mercados financieros
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
- Protección de los consumidores, de la privacidad y de los datos personales
- Seguridad de las redes y de los sistemas de información
- Intereses financieros de la UE
- Mercado interior, en lo relativo a competencia, ayudas estatales e impuesto de sociedades
- Cualquier acción u omisión que constituyan una infracción penal o administrativa grave o muy grave y en toco caso cuando impliquen un quebranto económico para la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Las infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo
Por supuesto, cada empresa puede añadir otras conductas que consideren relevantes, como la posibilidad de denunciar incumplimientos de la normativa interna. Eso sí, hay que tener en cuenta que, las conductas propias no están amparados por la ley.
¿Quién puede usar el canal de denuncias?
Pueden interponer una comunicación todos los miembros de la compañía, desde trabajadores de cualquier puesto hasta accionistas, directivos, administradores o miembros del consejo; también, las personas que no formen parte de la plantilla, pero tengan relación con ella. Por lo tanto, extrabajadores, candidatos, personas en situación precontractual, autónomos y cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
¿Cuáles son las sanciones?
La ley de protección del informante prevé sanciones graves ante el incumplimiento de estas nuevas obligaciones. Las multas pueden llegar a ascender a los 600.000€ en los casos en los que se no se garantice el anonimato o se haya impedido o dificultado la presentación de denuncias. Si, además, se llevaran represalias contra el denunciante, la multa podría llegar al millón de euros.
¿Cómo asegurar que tu empresa cumple con la ley de protección del informante?
Al implementar el canal de denuncias se tiene que garantizar el cumplimiento de los requisitos que impone la normativa y la confidencialidad de la identidad del informante y del proceso. Por lo tanto, y para cumplir con estos requerimientos cada vez son más las entidades que se están poniendo en manos de expertos, como Regtech, para cumplir a tiempo con los plazos de la ley, pudiendo utilizar el canal de forma interna o traspasar la gestión a su asesor legal.
RegTech Canal de Denuncias genera un ambiente de transparencia y confianza dentro de las compañías. Al ser una aplicación web alojada en la nube no necesita ni instalación ni alojamiento dentro de los sistemas del cliente y viene preconfigurada con la información necesaria para cumplir directamente con la Ley de Protección al Informante, por lo que su implantación es casi inmediata.
Por supuesto, las comunicaciones entre los informantes y la compañía son totalmente confidenciales y anónimas a elección del whistleblower. De igual modo, cuentan con sellado de tiempo, integridad de la información y genera informes de denuncias y de actividad de manera automática, facilitando el proceso del seguimiento y monitorización de las mismas.
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