Directiva Whistleblowing: qué es y cómo me afecta

Directiva Whistleblowing: qué es y cómo me afecta

La Directiva Whistleblowing o, también conocida, como Ley de Protección al Denunciante es una normativa Europea (Directiva (UE) 2019/1937) que regula el Canal de Denuncias. Su objetivo radica en mejorar la transparencia y ética en las empresas y, sobre todo, proteger a la persona que alerta de actos delictivos o sospechosos dentro de la compañía.

Esta Directiva es, sin duda, un gran avance para el contexto empresarial que garantizará que se tomen medidas para cuidar a los alertadores y convivir en un entorno ético.

Qué es la Directiva Whistleblowing

La Directiva, en su misión por garantizar el cuidado al denunciante, obliga a las empresas privadas con más de 249 empleados a implantar un Canal de Denuncias en su organización. También a los organismos públicos, como Ayuntamientos, que tengan más de 100.000 habitantes o más de 50 empleados.

Es decir, obliga a tener un canal de comunicación eficaz que garantice la confidencialidad del denunciante que quiera alertar sobre un acto sospechoso o ilícito dentro de su organización. Pero, no solo eso. Según esta norma, el Canal de Denuncias debe cumplir con más requisitos específicos que indica la Directiva.

Además, en tan solo 2 años, las empresas con más de 50 empleados también estarán obligadas a tener un Canal de Denuncias implantado en su organización.

Transposición de la Directiva Whistleblowing en España

España tenía como fecha límite para fijar esta Directiva en el país, el viernes 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, se prevé que finalmente se apruebe en las próximas semanas, durante el primer trimestre de 2022.

Una vez traspuesta la Ley, los canales de denuncias de las empresas deberán estar cumpliendo con los requisitos que dicta la Directiva.

Sanciones y multas por incumplimiento de la Directiva Whistleblowing

Esta parte es, sin duda, de las más relevantes para las empresas y para las personas encargadas de su gestión. No cumplir con la Directiva implica graves sanciones para la organización.

En la Directiva se especifican dos tipos de sanciones: graves y muy graves.

  • Sanciones graves, hasta 25.000 euros. Estas multas están relacionadas con la implantación del Canal de Denuncias. No contar con un Canal de Denuncias o no cumplir con todos los requisitos que dicta la norma es motivo de sanción con hasta 25 mil euros.
  • Sanciones muy graves, hasta 50.000 euros. En este caso, influye el uso que se le de al canal. Si se detecta que existió intención o acción de impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia, se considera una sanción grave y se sanciona como tal.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la multa económica no es el único riesgo que asumen las organizaciones. El coste reputacional puede poner en juego, en algunas ocasiones, la supervivencia de la empresa.

Implantar un Canal de Denuncias que cumpla con la Directiva

Como decíamos, para evitar sanciones y cumplir con la Directiva, no solo vale con contar con un Canal de Denuncias, sino que éste debe cumplir con los requisitos.

Algunas compañías cuentan con un Canal de Denuncias implantado mediante un correo electrónico o un formulario web al uso. Cabe destacar que estos canales de comunicación no cumplen con la normativa y, por tanto, son motivo de sanción.

Para ello, es necesario apoyarse de la tecnología. En este sentido, nace RegTech Canal de Denuncias, una canal de comunicación digital que cumple con todos los requisitos de la Directiva y que permite trabajar de forma fácil, sencilla y sin necesidad de conocimientos jurídicos. Pruébalo gratis durante 7 días.

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